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El Departamento de TES impulsa un paquete de medidas para incrementar la liquidez de familias y empresas

2 de abril de 2020

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha comunicado hoy al Consejo Ejecutivo un nuevo paquete de medidas en varios ámbitos de su competencia para aportar liquidez a familias y empresas y minimizar los efectos económicos vinculados a la crisis sanitaria del coronavirus.

El Departamento ya ha implementado acciones en este sentido, como por ejemplo la moratoria en el pago de alquileres, ayudas al pago del alquiler de colectivos más vulnerables, y la bonificación del 50% del canon del agua, que suman un importe total de 67,4 millones.

Ahora, el Departamento presenta un nuevo conjunto de propuestas en materia de residuos, movilidad e infraestructuras del transporte y vivienda, para ampliar todavía más la cobertura de las ayudas a particulares, empresas, autónomos y entidades, que suman 50 millones más.

Concretamente, en materia de gestión de los residuos, Territorio y Sostenibilidad posa sobre la mesa bonificar al 100% las tasas por inscripción en los registros de empresas productoras y gestoras de residuos y la obtención de los documentos de fichas y hojas de seguimiento, si se llevan a cabo por medios electrónicos. También trabaja para poder devolver las fianzas depositadas por las personas que desarrollan una actividad de valorización de residuos no peligrosos, previa solicitud. Finalmente, propondrá un Decreto Ley de modificación del canon de los residuos industriales y de la construcción para bonificarlo un 50% durante el periodo que dure la emergencia.

En transporte público, la Generalitat quiere impulsar su gratuidad temporal, mientras sea vigente el estado de alarma. En este sentido, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad hará una resolución de gratuidad de los servicios de transporte público que dependen directamente de la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno y que no están adscritos a ninguno de las Autoridades del Transporte territoriales. Por otro lado, se han convocado los consejos de administración de las ATM territoriales para adoptar también esta medida. Y finalmente, se ha propuesto la medida al Consorcio del ATM. La gratuidad del transporte público se establecerá por el consejo de administración de la ATM, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la CON, además de la AMTU, que es el organismo competente para fijar tarifas. Una medida que restaría limitada exclusivamente al tiempo de suspensión de actividad no esencial, sin posibilidad de prórroga cuando esta actividad se restituya.

Y en este marco de facilitar la movilidad de los servicios esenciales, el Gobierno se ha planteado también la gratuidad de los peajes. Por eso está hablando con el Gobierno del Estado, por la concurrencia en Cataluña de concesiones titularidad del propio Gobierno y del Estado, así como con las concesionarias, para fijar las condiciones en que esta medida se pueda llevar a cabo en las diferentes vías mientras dure el estado de alarma. Esto requeriría de un Acuerdo de Gobierno para su implementación efectiva.

Para mitigar el impacto de la emergencia a las empresas del sector público de TES como Puertos de la Generalitat, Aeropuertos de la Generalitat y CIMALSA se propone reducir las tasas al ámbito portuario y aeroportuario durante el periodo de alarma, como es el caso del aeropuerto de Lleida-Alguaire, donde se contempla la rebaja del 50% en las tasas de aparcamiento de aeronaves. En cuanto a CIMALSA se propone tanto la suspensión hasta junio de la actualización de cuotas de mantenimiento y gestión, así como la flexibilización de las condiciones de pago de estas cuotas a partir del mes de abril. Por aquellas empresas que han interrumpido sus actividades como consecuencia de la crisis sanitaria se contempla la bonificación de 2 meses (abril – mayo).

En materia de vivienda, la propuesta facilita un acuerdo entre arrendador y arrendatario de local comercial o vivienda, para dar por saldado el alquiler de abril y mayo por anticipado de la fianza. El locatario renuncia así, a su derecho sobre la fianza depositada, una vez se liquide el contrato, y tiene garantizado que no ha impagado los meses descritos en el acuerdo. Además, se estudia la ampliación del periodo de constitución del depósito de las fianzas en los nuevos contratos de arrendamiento urbano que se firmen, que se tienen que depositar en el Instituto Catalán del Suelo de acuerdo con el Decreto 147/1997, de 10 de junio.

En cuanto a proyectos, direcciones de obra y estudios de consultoría, el Departamento mantendrá los encargos menores de 100.000 euros que sean susceptibles de ser elaborados mediante el teletrabajo.

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