La ACC y la ACCO velan por los derechos de las personas consumidoras en materia de prácticas comerciales

• En el marco de la crisis sanitaria de la Covidien-19, la Agencia Catalana del Consumo (ACC) del Departamento de Empresa y Conocimiento, alerta de las malas prácticas comerciales específicas que se pueden producir con las personas consumidoras.

• La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) lucha contra prácticas empresariales que alteren injustificadamente las condiciones de competencia en el mercado, en perjuicio de las personas consumidoras.

En el marco de la crisis sanitaria provocada por la Covidien-19, la Generalitat a través de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) del Departamento de Empresa y Conocimiento, y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), organismo autónomo que se relaciona con el Gobierno a través del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, han establecido mecanismos de colaboración para poder detectar prácticas comerciales desleales o conductas empresariales que sean restrictivas de la competencia y que, como tales, perjudiquen las personas consumidoras.

La ACC tiene como misión prevenir, evitar y, en su caso, sancionar aquellas prácticas comerciales desleales hacia los consumidores que se producen en el mercado.

Se consideran prácticas comerciales ilícitas aquellas que, mediante ofertas o invitaciones a comprar, pueden inducir a las personas consumidoras a hacer compras o contrataciones de productos o servicios de manera errónea o que, de otro modo, no habrían hecho.

En definitiva, se trata de comunicaciones comerciales que pueden ser agresivas o incluir acciones engañosas u omisiones deliberadas de información, con el objetivo de distorsionar el comportamiento económico del consumidor.

En el contexto del estado de alarma y la Covidien-19, se pueden producir prácticas comerciales desleales específicas, tales como:

• Atribuir a las mascarillas y otros elementos protectores una eficacia o unas propiedades que en realidad no tienen.
• Informar falsamente que un producto o servicio se está agotando o que sólo estará disponible durante un periodo corto de tiempo, con el fin de que el consumidor adquiera un volumen superior al habitual o a unos precios más elevados.
• Indicar precios de mercado habituales que no se corresponden con la realidad.
• Imponer la aceptación de determinadas ofertas como condición para no emprender acciones legales que, en realidad, no se pueden llevar a cabo (por ejemplo en hipotecas, desahucios, cortes o suspensión de suministros básicos, etc.).

Estas malas prácticas pueden ser denunciadas a la Agencia Catalana del Consumo, mediante el formulario de denuncia en línea disponible en el portal web consum.gencat.cat.

La ACCO tiene como misión velar y promover las condiciones de competencia, a fin de poder contar con un buen funcionamiento de los mercados en Cataluña, en beneficio de la ciudadanía y de las empresas.

Constituyen prácticas contrarias a la competencia:

• los acuerdos entre competidores para incrementar precios de bienes y servicios, para repartirse mercados y/o clientes, por coludir en la compra pública...
• el abuso de posición de dominio en el mercado (abuso en términos de precios y condiciones comerciales, por vinculación de productos, por discriminación ...).
• lse prácticas comerciales desleales que afecten al interés general para alterar gravemente las condiciones de competencia en el mercado de Cataluña.

Estas prácticas contrarias a la competencia pueden ser denunciadas a la Autoridad Catalana de la Competencia mediante el formulario de denuncia disponible en la web acco.gencat.cat o en su canal de colaboración anónimo.

Así, tanto el ACC como la ACCO velan por el bienestar de las personas consumidoras y usuarias de Cataluña -cada uno desde su ámbito competencial respectiu-; dadas las sinergias evidentes que existen entre la política de competencia y la de consumo, se ha considerado necesario, en el contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo y que tensiona gravemente algunos mercados, reforzar los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones, a fin de dar una mejor respuesta a la ciudadanía ya las empresas del país.